Los antecedentes muestran que los desechos plásticos están profundizando la crisis climática y generando serias vulneraciones a derechos fundamentales, tales como la vida, salud y medio ambiente sano, todo ello con un fuerte impacto económico. La industria y los consumidores no han mostrado una reacción, cuestión que exige considerar una regulación adecuada que gestione el problema. La adopción de medidas requiere ponderar distintos bienes jurídicos, para lo que la teoría constitucional puede aportar elementos de análisis como el sistema de ponderación de derechos o la eficacia en el uso de recursos públicos. Al mismo tiempo, principios ambientales tales como la proscripción de la regresión, la promoción de la progresividad y la prevención de daños ambientales moldean la respuesta. En cuanto a los residuos plásticos, se puede ver el mismo movimiento regulatorio y la promoción de medidas que prohíben ciertos plásticos a nivel internacional, comparado, regional y local. Esta reacción global evidencia como un punto de partida, la prohibición de los plásticos de un solo uso, para lo cual existe toda una experiencia que puede ser utilizada como referencia. Con todo, incluso sin una regulación sobre la materia y solo considerando el ordenamiento vigente, hay una necesidad jurídica de adoptar medidas contra este problema.